El agua en disputa: la base de la vida que hoy es propiedad privada en Chile

En el Día Mundial del Agua, ChDI ofrece un articulo sobre el estado actual de la propiedad y futuras direcciones para el uso equitativo y sostenible.

 

Domingo 22 de marzo de 2020

Alejandra Parra Muñoz[i]

 

Somos agua. Alrededor del 65% del cuerpo humano está constituido de agua. Todo lo que comemos requiere agua para su desarrollo. La medusa de mar está constituida en un 99% de agua, mientras que los peces van del 65 al 80% de contenido de agua.  El contenido de agua en las plantas es de alrededor de un 70%. Es decir, el agua no solo es vital para los seres humanos, es vital para todos los seres vivos del planeta.

A pesar de que tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua, solo el 2% de esa agua es dulce. De ese 2%, un porcentaje menor está disponible para el consumo humano. Sin embargo, ha existido abundancia de agua dulce en el planeta por decenas de miles de años. La existencia de un clima estable, grandes extensiones de bosques, y una relación de la humanidad con el ambiente basada en relaciones ecosistémicas, han propiciado la mantención de esas condiciones benéficas para el desarrollo de la vida. Pero desde la revolución industrial la mitad de los bosques han sido talados y se ha modificado la atmósfera de tal manera que el clima ha sufrido enormes cambios. Hoy, las estaciones del año están desdibujadas, las lluvias se han comprimido en cantidad de agua y tiempo, cayendo con mayor intensidad y menor permanencia, lo que no permite que los acuíferos se recarguen. El aumento de las temperaturas está derritiendo los glaciares, la reserva de agua dulce en época de sequías. Y el uso de enormes cantidades de agua con fines industriales y productivos, hacen menos disponible el agua para consumo humano y para la vida silvestre. En la actualidad, casi dos millones de personas se mueren al año por falta de agua potable, y es probable que en 15 años la mitad de la población mundial viva en áreas en las que no habrá suficiente agua para su consumo. Cerca de una de cada diez personas en el planeta –casi 800 millones– no tiene acceso a fuentes seguras de agua, y el Foro Económico Mundial y otras instituciones calculan que para 2030 habrá una demanda 40% más alta, que el planeta no podrá suministrar.[1] 

 

En la actualidad, casi dos millones de personas se mueren al año por falta de agua potable, y es probable que en 15 años la mitad de la población mundial viva en áreas en las que no habrá suficiente agua para su consumo.

 

En Chile el agua es susceptible de ser privatizada, y así ha ocurrido desde el año 1980 cuando, en plena dictadura cívico-militar, se redactó la constitución que hoy rige este país. Sin parlamento y sin constituyentes electas y electos, 11 personas (de ellas solo una mujer) redactaron el texto que luego fue firmado por la Junta Militar. A pesar de los retoques de maquillaje realizados en el gobierno de Ricardo Lagos (salvo por la eliminación de los senadores designados), el texto de la Constitución Política (CP) del país es actualmente y en la práctica el mismo que se promulgó en la década de los ochenta.

La Constitución Política de Chile (CP) en su artículo 19, numeral 24, establece: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.” Y al final de este numeral, señala que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. En función de este artículo, el año 1981 se promulgó el Código de Aguas, en donde se reglamentaron los usos, asignación y constitución de derechos sobre el agua. El Código de Aguas establece en su Art. 5. “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”. Sobre ese derecho aplica lo establecido en el numeral 24 del art. 19 de la CP, otorgando a sus titulares la propiedad sobre ellos. La propiedad sobre los derechos de agua implica que le pertenecen a perpetuidad a su titular, que pueden ser transables, heredables, etc. Es decir, el agua en Chile, una vez constituidos derechos sobre ella, pasa a ser propiedad privada. Y es que la Dirección General de Aguas tiene la obligación de conceder derechos cuando sus solicitudes cumplen con la forma. Es así como hoy en Chile el derecho humano al agua, reconocido por la ONU el año 2010, no está garantizado, y el uso del agua para consumo humano o para subsistencia, compite con los usos productivos consuntivos y no consuntivos.

 

Es así como hoy en Chile el derecho humano al agua, reconocido por la ONU el año 2010, no está garantizado, y el uso del agua para consumo humano o para subsistencia, compite con los usos productivos consuntivos y no consuntivos.

 

Los derechos consuntivos son aquellos derechos constituidos sobre cantidades de agua que se consumen, y cuyo uso se realiza sin devolución de las aguas usadas al cauce de donde fue extraída. Por su parte, los derechos no consuntivos son, por tanto, aquellos donde el agua, luego de ser usada, debe ser devuelta al cauce del que fue extraída. Estos últimos son los derechos constituidos para fines hidroeléctricos, que están principalmente (cerca del 100%) en manos no solo de privados, sino que de privados extranjeros. El 80% de los derechos de agua no consuntivos están en manos de ENDESA que pertenece a Enel, transnacional dirigida por Hernán Chadwick Piñera. Cerca del 90% de los derechos de agua consuntivos están constituidos por mineras y empresas agroexportadoras (MAT).

 

El abordaje popular a esta problemática ha sido el de la nacionalización del agua como medida que solucionaría la injusticia de la actual distribución del agua. Sin embargo, la nacionalización es una herramienta sumamente imprecisa que no garantiza nada más que la administración del agua esté en manos de personas chilenas. Primero que todo, la palabra “nacionalización” hace referencia a la nación chilena, como si Chile estuviera constituido (como lo dice también la CP) por una nación única e indivisible, borrando del mapa a las naciones de pueblos originarios del país que, más que cualquiera, tiene derecho a usar el agua que se encuentra en sus territorios. Suponiendo que “nacionalización” se refiere en este contexto a estatización, tampoco es garantía de una justa distribución de este vital elemento.

 

El 80% de los derechos de agua no consuntivos están en manos de ENDESA que pertenece a Enel, transnacional dirigida por Hernán Chadwick Piñera. Cerca del 90% de los derechos de agua consuntivos están constituidos por mineras y empresas agroexportadoras (MAT).

 

Lo vemos en Ecuador y Bolivia, donde gobiernos progresistas han estatizado bienes comunes naturales estratégicos como los minerales e hidrocarburos, solo para ejercitar el extractivismo de Estado. Las comunidades locales que viven en los territorios donde se extraen estos bienes, siguen sufriendo las consecuencias de un sistema económico global que pone a los países latinoamericanos en la categoría de “subdesarrollados” o “en vías de desarrollo”, con la función de entregar materias primas a los países que crearon esas categorías, para sostener su desarrollo insustentable con nuestros bienes naturales comunes, y al mismo tiempo aplastar material y culturalmente a los pueblos originarios por arcaicos. Ya no se intenta cristianizar, sino que hoy se quiere modernizar a los pueblos originarios, se les (y se nos) intenta convencer de que sus formas de vida no son aceptables, que deben abrazar la forma en que viven los países desarrollados, la única forma aceptable de vivir, aunque sea la causante del calentamiento global, tal vez la mayor catástrofe ambiental que enfrentará la humanidad y que pone en peligro la sobrevivencia de todos los pueblos del mundo.

 

Pero es gracias a las formas de vida de los pueblos originarios que no hemos destruido por completo la naturaleza del planeta. Los pueblos originarios poseen una relación especial con lo que desde la cultura occidental llamamos naturaleza. El concepto occidental de naturaleza implica una separación entre el humano y lo silvestre. En cambio para los pueblos originarios no existe tal división, y sus sociedades forman parte de lo que llaman “pacha mama” (pueblos andinos), “ñuke mapu” (pueblo mapuche), y otras cientos de denominaciones que muestran la relación de reciprocidad, respeto y dependencia de los pueblos originarios con su entorno. Sus formas de vida austeras y basadas en los bienes naturales de su entorno, y sus tecnologías bajas en consumo de energía y adaptadas a las necesidades propias, hacen que los pueblos originarios mantengan estilos de vida que, en lugar de dañar las condiciones del entorno, las protejan, porque de eso dependen sus vidas. Si todos los habitantes del planeta viviéramos de esa forma, los ecosistemas podrían recuperarse y retornar a estados saludables. En cambio, se necesitan cuatro planetas Tierra para tener la cantidad suficiente de bienes naturales comunes para que toda la población mundial tenga los niveles de confort material que gozan los países desarrollados. Por tanto, la promesa de desarrollo para todo el planeta es imposible de cumplir.

 

…la palabra “nacionalización” hace referencia a la nación chilena, como si Chile estuviera constituido (como lo dice también la CP) por una nación única e indivisible, borrando del mapa a las naciones de pueblos originarios del país.

 

El agua es un bien sagrado para los pueblos originarios, y con toda razón. Para el pueblo mapuche, el agua tiene espíritus que la protegen y castigan a quienes no la respeten. Para el pueblo mapuche, el agua tiene discernimiento y, por tanto, tiene derechos. La naturaleza tiene derechos. Este es un concepto que, al introducirlo en la discusión de la nueva CP, podría guiarnos hacia niveles más profundos de comprensión y respeto por los territorios, por toda la vida que se desarrolla en los territorios, no solo la humana, sino que todos los seres vivos y sus relaciones con el ambiente inerte (inerte para la cultura occidental).

 

 

Durante el 2019, el Movimiento por las Aguas y los Territorios (MAT) desarrolló decenas de cabildos por el agua, donde se discutió cómo debería ser distribuida el agua en el país. Todas las personas participantes estuvimos de acuerdo en algo: no es posible que el agua continúe siendo un bien susceptible de ser privatizado. Necesitamos otras formas de distribuirlas, formas que no solo garanticen el agua para sobrevivencia y consumo humano, sino que también para el desarrollo y florecimiento de la vida silvestre. Gestión comunitaria del agua es uno de los conceptos que surgieron reiteradamente, y que deberá desarrollarse a profundidad dentro de las discusiones que se abordarán en el proceso constituyente que hoy Chile claramente avizora.

 

Sus formas de vida austeras y basadas en los bienes naturales de su entorno, y sus tecnologías bajas en consumo de energía y adaptadas a las necesidades propias, hacen que los pueblos originarios mantengan estilos de vida que, en lugar de dañar las condiciones del entorno, las protejan, porque de eso dependen sus vidas

 

Los derechos de la naturaleza nos llevan a una discusión profunda en términos políticos, técnicos y espirituales. Aplicada en clave descolonizadora, esta discusión podría llevarnos a niveles de justicia ambiental y social nunca vistos en Chile. Comencemos por avanzar hacia allá como pueblos que compartimos este largo y diverso territorio.

 

 

 

 

Referencias

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140821_tierra_agua_escasez_finde_dv

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[i] Máster en Planificación, University of Otago. Bióloga en Gestión de Recursos Naturales. Integrante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA